Ley de la Propiedad Intelectual, ¿limita la libertad de información?

• Año Nuevo, leyes nuevas. Enero es un mes de propósitos, nuevos objetivos, nuevas metas… pero también es un mes de adaptación a las nuevas leyes. El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Propiedad Intelectual. Una Ley que fue rechazada en el Congreso por todos los partidos políticos de la oposición y por la mayor parte de los ciudadanos en la calle.

La Ley de Propiedad Intelectual se basa en la protección y defensa de los derechos de autor en España. El Gobierno sigue afirmando que los principales objetivos de esta nueva normativa son la lucha contra la piratería y la defensa de los derechos de los titulares. Objetivos que convencen a pocos. El resto tiene otra teoría; La Ley de Propiedad Intelectual es un atentado contra la libertad de información. Además, limita de manera preocupante el acceso a la cultura.

El gran rechazo popular que ha provocado esta ley, ha llevado al Gobierno a admitir que se trata de una reforma parcial, e incluso a prometer una modificación más profunda dentro de un año. Promesa que más que dar esperanzas, asusta. Y es que las críticas que ha recibido este texto llegan también desde las altas esferas; el Consejo de Estado, el Supremo o las entidades de gestión.

Pero dejemos a un lado las desavenencias políticas. Centremos en el usuario, en los millones de personas que hacen uso de Internet cada día, cada minuto…

¿Cómo nos va a afectar esta Ley? Nos afecta y mucho.

La primera consecuencia la vivimos el pasado 16 de diciembre cuando España dijo adiós a Google News. O más bien al contrario. El mayor buscador a nivel mundial se negó a aceptar uno de los requisitos exigidos por esta normativa de Propiedad Intelectual. El canon AEDE o la “tasa Google” le obligaba a abonar una compensación equitativa a cualquier publicación española por mostrar fragmentos de sus noticias. Después de meses de negociación entre la Asociación de Editores de Diarios Españoles, no han llegado a ningún acuerdo. Por eso Google decidió cerrar su servicio de noticias en nuestro país.

Las principales razones que la empresa estadounidense aportó para justificar su cierre son muy claras; “Google News es un servicio gratuito por el que la empresa no recibe beneficio directo y por lo tanto, es insostenible pagar ningún tipo de canon a las publicaciones incluidas en el buscador. Además, los editores son libres de elegir la inclusión o no de sus noticias. La mayoría opta por ello ya que es una buena forma de aumentar el tráfico de sus publicaciones.”

La Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE) ha instado a que se restablezca un acuerdo entre Google y la AEDE para que este servicio se reactive de inmediato ya que, según ha afirmado, “que los editores reciban una compensación económica irrenunciable, por parte de agregadores y buscadores de internet, puede parecer una medida justa, pero si acaba suponiendo la supresión del servicio puede no ser tan satisfactorio como inicialmente se presenta, al preverse una caída estrepitosa del tráfico de sus ediciones electrónicas”.

Y no iban mal encaminados en su previsión. Desde el cierre de Google News, los medios de la AEDE han perdido entre un 10% y un 15% de su tráfico regular.

Cierre de Google News

Esta es sólo la primera de las consecuencias. Hablemos de otra que preocupa y mucho a los expertos e intelectuales. El canon a las Universidades. Universidades públicas y privadas tendrán que pagar un canon a la entidad de gestión CEDRO (asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones) por utilizar materiales académicos en campus virtuales. Esto supone unos 5 euros por alumno. Sumando el número de alumnos y universidades sale un total aproximado de 8 millones de euros anuales a favor de CEDRO. Según afirma el abogado especializado en Internet, Javier de la Cueva; “a medio- largo plazo esto supondrá un incremento de precio por parte de las Universidades. Precio que pagarán por una parte, los ciudadanos y por otra, la administración pública.”

En conclusión, si reflexionamos un momento sobre lo que supone esta ley… cabe preguntar: ¿A quién beneficia realmente? Lo que está claro es que esta normativa nos aleja del nivel europeo y nos acerca más a modelos de países como China en su control de Internet. Una vez más, España se queda atrás a nivel de progreso, tecnología e innovación.